EL FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD: EL AFD Y EL AFI.

El tema de la educación ha sido protagónico a través de la historia, sobre todo en el año 2006 con el movimiento secundario denominado como revolución pingüina y éste 2008, año en que las demandas estudiantiles han girado bajo varios ejes fundamentales a nivel nacional. El rechazo a la Ley General de Educación (LGE) y el financiamiento de las universidades estatales son parte de las demandas de estudiantado, profesores y otros cuerpos de nuestra sociedad. Estas reivindicaciones tienen su génesis en las leyes promovidas por el gobierno de Augusto Pinochet, las cuales otorgan las bases de la educación que hoy en día reciben los chilenos.

La Constitución de La República de 1980 plasma el concepto de “Libertad de Enseñanza” el cual se refiere al derecho de cualquier ciudadano a crear, organizar y mantener establecimientos educacionales; este derecho goza de una garantía constitucional que corresponde a un recurso de protección, el cual implica que por la privación, perturbación o amenaza, el ciudadano afectado puede concurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, la que está obligada a adoptar, de inmediato, las providencias que juzgue necesarias para establecer el imperio del derecho, y asegurar la debida protección.

Por otro lado se encuentra el “Derecho a la Educación”, en el que se manifiesta que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos; al estado le corresponde otorgar especial protección al cumplimiento de este derecho.

Pero, ¿Qué es la educación? El Diccionario de la Ciencia de la Educación del año 2003, señala que esta “proviene de la palabra latina “educatio”, enseñanza, disciplina y crianza. En su acepción más general designa la transferencia y aprendizaje de conocimientos útiles para que el ser humano pueda satisfacer sus necesidades y defenderse de la hostilidad del medio”.

El Doctor en Educación y Académico de la Universidad de La Frontera, Adolfo Gonzales Brito, la define como “un proceso formativo, que puede tener un carácter formal (establecimientos educacionales), no forma (la familia, instituciones no académicas, etc.), informal (radio, revistas, televisión, etc.) dependiendo del medio”.

Octavi Fullat, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su libro “Filosofías de la Educación”, dice que “la educación no es más que una acción, una actividad social, una práctica que las generaciones adultas ejercen sobre las nuevas con la finalidad de formar y traspasar el conocimiento”.

También existe un conjunto de valores que sustenta la educación. En Chile la educación se cimenta, básicamente, en el valor de la ciudadanía: formar personas capaces, que desplieguen una serie de habilidades y destrezas para que puedan insertarse constructivamente en la sociedad y a formar una base social común y lograr que este destinada a satisfacer ciertas cuotas de bienestar social y personal. Hay otros valores más universales, de carácter más poético y discursivo, que dicen por ejemplo que la educación forma personas libres, forma la voluntad de las personas, el espíritu y la nobleza.

Actualmente cruzamos una época en que la Educación es un tema muy complejo, para ello esta se ha sistematizado, regulado y reglamentado en agentes o entes educadores como las escuelas, colegios y universidades, es lo que conocemos como educación formal.

Una de las cuestiones que ha complejizado la educación es el problema del financiamiento, sobretodo y particularmente en Chile, en donde los debates en el último tiempo sobre el tema han ocupado la agenda nacional.

Los entes educadores se han construido bajo una serie de reglamentaciones legales implementadas a partir del año 1980 bajo el régimen militar, las cuales regulan los principios y formas de financiamiento de la educación hasta nuestros días.

En legislaciones como el Decreto de Ley Nº 3.477 sobre la municipalización de las escuelas públicas y el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº 4 de 1981, se establecen los mecanismo de financiamiento para las universidades chilenas por parte del Estado, bajo dos conceptos: Aporte Fiscal Directo (AFD) y Aporte Fiscal Indirecto (AFI). Ya en 1990, el modelo educacional es definido en la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE). Con esto, el régimen militar minimiza el rol del Estado en la Educación, encomendando a éste la tarea de fiscalización y subsidiariedad, entregando la responsabilidad de educar a la familia; la comunidad; las municipalidades y a los particulares. Bajo este marco legal están cimentados el financiamiento y los principios de la educación chilena.

EL AFD, el AFI y su aporte a la Universidad de La Frontera

En nuestro país, las 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) se financian por medio de aportes fiscales y ha formas particulares de autofinanciamiento. De estas 25 universidades, 16 son estatales y las restantes 9 son estatales-privadas.

El Estado entrega sus aportes por medio del AFD, que corresponde a un monto fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Públicos y del cual un 95% del total de los recursos destinados, se distribuyen según la asignación histórica (porcentaje fijo de capital desde 1981) de cada universidad; dejando un 5% a repartir según variables de desempeño (número de carreras de pregrado, publicaciones, proyectos, etc.) determinadas por el ministerio de hacienda.

Otro medio por el cual el Estado otorga recursos a las universidades es el AFI, que corresponde a los 27.500 mejores puntajes obtenidos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que ingresan a primer año. Estos puntajes están divididos por cinco tramos que se encuentran entre los 610,5 y los 838,0 puntos alcanzados por los estudiantes en las pruebas de matemáticas y lenguaje.

Llevando estas cifras a un plano más cercano, la Universidad de La Frontera (UFRO) recibió éste año por concepto de AFD la suma de $ 2.863.000.000, teniendo un alza cercana al 2,50% con respecto al 2007. Por concepto de AFI, el monto es cercano a los $300.000.000. Es aquí donde nace la siguiente interrogante ¿Se puede sustentar una universidad pública con estos aportes del Estado? El Vicerrector de Finanzas de la UFRO, Sergio Carter Fuentealba, expresó que “es una cantidad muy exigua, considerando que nosotros somos una universidad estatal, somos propiedad del Estado de Chile y por lo tanto esperaríamos que el estado se haga cargo y responsable de financiar todos nuestros gastos”.

Por lo mismo, las universidades deben cubrir sus gastos bajo otras formas particulares de financiamiento, como matrícula y aranceles, entre otras fuentes. La UFRO, logra obtener recursos para inversión por medio de una corporación para el desarrollo, que es una sociedad inmobiliaria que deja cerca de $500.000.000 anuales. Por otro lado, la recuperación del crédito solidario UFRO que se le otorga a los estudiantes, le significa un retorno cercano a los $500.000.000.

Así mismo, el dinero acumulado por concepto de aranceles y matrícula de la UFRO corresponde aproximadamente a $10.000.000.000, los cuales son destinados para pagar al personal de la universidad (docentes y administrativos). Siendo estos funcionarios públicos, reciben un sueldo con un reajuste anual de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por tal motivo, los aranceles están en constante alza ya que se reajustan proporcionalmente al índice de salarios del sector público. “Este año nosotros reajustamos los aranceles en un 6,9% y el IPC fue de un 7,4%...con esto intentamos mantener nuestra economía en equilibrio, aún así no nos alcanza para pagar la planilla de toda la universidad” puntualizó el Vicerrector de Finanzas. El Estado se hace cargo de financiar solo un 18% del 7% del reajuste del IPC, por lo que la universidad debe costear el resto del porcentaje de los sueldos.

La realidad de la Universidad de La Frontera es una muestra de lo que ocurre en las 25 universidades del CRUCH, donde los recurrentes problemas de financiamiento provocan conflictos entre estudiantes y autoridades universitarias, como lo refleja el Académico de la UFRO Alonso Azócar: “Solamente el 18% de los dineros que tiene la universidad para funcionar viene por parte del estado, ya sea por AFD, AFI o vía proyecto; el restante 82% viene de aranceles y matrículas; por eso es que cuando los estudiantes piden congelamiento de aranceles o de matriculas no puede ser, porque la universidad quebraría”

Los problemas que presenta este sistema de financiamiento son principalmente una desigualdad en la distribución de recursos, debido a que el porcentaje histórico que asigna el AFD no se adecua a la realidad actual de cada universidad, lo que conlleva a un déficit significativo de recursos en comparación a la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, a partir del 1981, nace el concepto de Universidades Estatales Públicas de Derecho Privado (Universidad Austral, Federico Santa María y Universidad de Concepción, entre otras), las cuales, aparte de recibir financiamiento de privados, reciben más recursos que las estatales públicas por concepto de AFD, como se grafica en la figura Nº 1.

Y esta brecha puede crecer aún más, si se considera lo planteado por el Académico Alonso Azocar: “el presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Educación Superior, Carlos Peña, propuso que el AFD y AFI se repartan por igual entre las 61 universidades chilenas. Si eso se da, sería la muerte para las universidades estatales, porque tendríamos que subir la matrícula, habría que juntar ese otro 18% del presupuesto, porque nos correspondería un tres o cuatro porciento a lo más de la repartición de los recursos del Estado y el resto, ¿de dónde lo sacamos?”

Lo real es que las universidades del CRUCH se ven cada vez más desfinanciadas por el Estado, lo que conlleva a que se adopten políticas internas de financiamiento que afectan directamente a terceros, como es el caso de los estudiantes por conceptos de matrícula y aranceles o del personal administrativo; como lo hizo la Universidad Católica de Temuco, que canceló el contrato a 50 funcionarios, entre académicos y administrativo, para poder solventar sus gastos.

Por su parte, el AFI no es un aporte sustantivo para cubrir las necesidades de las universidades, sobre todo las regionales, que reciben los puntajes más bajos del país por el hecho de que sus alumnos provengan de liceos municipales con recursos escasos y de baja subvención municipal para inversión en educación. Esto en comparación a la cantidad de recursos que reciben las Universidades de mayor prestigio, como lo son la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Concepción, las cuales acaparan una mayor cantidad de alumnos con altos puntajes debido a estar mejor posicionadas a nivel nacional.

Lejos de estar a la altura de una universidad del siglo XXI y con miras al bicentenario, los aportes fiscales generan dificultades en las entidades académicas para asegurar el derecho a una Educación Pública de calidad, ya que al disminuir los recursos del Estado, se deteriora su orientación primordial de generar y traspasar conocimiento a la sociedad, creando una universidad que debe responder, en primera instancia, a sus demandas económicas que ha contribuir al desarrollo íntegro de la persona.